Tomas de tierras en la provincia de Neuquén
Por Guido Sangiacomo y Laly Rodríguez
Neuquén es hoy unas de las provincias más ricas de la República. Gracias a la explotación del petróleo, recauda aproximadamente 3000 millones de pesos en regalías por año. Pero la bonanza de la región no repercute en los habitantes. La falta de políticas que generen un acceso a una vivienda hace que la población no tenga más alternativa que la toma de tierras.
Paradójicamente, no hay datos oficiales sobre cuál es el déficit habitacional en la provincia. Las estimaciones extraoficiales dicen que la falta de vivienda alcanza a 26 mil familias, sobre una población total estimada de 530 mil habitantes. Es decir que, más del 25% de la población de la provincia no tiene un lugar donde vivir.
Los últimos planes de viviendas fueron en 1998 donde se construyeron 1.500 casas y en el 2002 donde sólo llegaron a 400 módulos habitacionales. Totalmente insuficiente para una población que crece un 19,4%. Es decir, 102 mil habitantes por año.
Un cambio de estrategia viro el rumbo de la adjudicación de planes. En 2004, el gobierno provincial anunció la puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), que cuenta con el financiamiento del Banco Provincia de Neuquén (BPN). El objetivo fue canalizar las demandas de vivienda que antes se realizaba en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Pero esta vez el Estado ya no era proveedor de viviendas sino que otorgaba préstamos para construirlas. Esto generó la burocratización aún más del sistema. Ahora las familias debían primero pedir su terreno en la Dirección general de Tierras y luego con la adjudicación del lote podrían adquirir el préstamo al ADUS para la construcción de su hogar. El pueblo seguiría infinitamente paseando por las dependencias estatales para poder “poblar la Patagonia”.
La historia le ha demostrado a los neuquinos que cuando el Estado no responde la acción directa es la única solución. Numerosos barrios han nacido de la toma ilegal. El pueblo se organiza, averigua y toma las tierras que sabe que son fiscales.
Los sin techo se exponen a la represión por parte del mismo Estado que no les garantiza un vivienda digna. Se exponen a la marginación de los vecinos aledaños que no comprenden su situación. Se exponen a vivir en la total indigencia en una carpa o en un cubículo hecho con chapas y madera. Sin agua, sin gas y sin luz. Todo esto para poder conseguir algo tan elemental como un lugar para vivir con su familia.
El gobierno de turno, inoperante y burocrático, responde a la toma diciendo que “… ese lugar ya está reservado para una futura obra pública…”; llámese espacio verde, o monumento multimillonario. Y que no hay tierras para el loteo social.
El pueblo sigue adelante. Van a la Cooperativa que presta el servicio de luz (CALF) y obtienen el tendido provisorio. El reclamo del agua es el segundo paso. Allí el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se encarga de hacer las conexiones. La presión popular logra sus frutos: allí ha nacido un barrio.
Durante épocas electorales todo vale. Tanto es así, que los candidatos oficiales a pesar de enunciar que las tomas son ilegales, “bajan” materiales, chapas, colchones y demás bijouteri asistencial a estos nuevos barrios durante sus campañas.
Actualmente conviven en Neuquén capital 40 tomas ya constituidas y en camino a ser legalmente reconocidas mensuras de por medio.
“Aquí, Propiedad Privada”
Otra ha sido la suerte de quienes ocupan propiedad privada. Es el caso de la ocupación de tierras del Barrio Huiliches en Neuquén Capital es un paradigma. Doscientas familias ocuparon cerca de dos manzanas descampadas que funcionaban como “el basurero del barrio”.
Los conflictos y desinteligencias que tenían los dos propietarios hizo que uno de ellos decidiera regalar los lotes para “terminar” con el conflicto. Familias jóvenes ocuparon las tierras. El otro dueño al enterarse de la noticia hizo la denuncia y reclamo la propiedad. La policía provincial, en un operativo que involucro a más de 200 efectivos, camión hidrante y distintos móviles desalojo a todos lo ocupantes durante la tarde del 6 de abril del 2006. Las corridas e incidentes siguieron durante toda la noche en los barrios cercanos de El Progreso y Gregorio Álvarez.
“A lo bonzo”
Dos victimas fatales tiene en su haber los desalojos en la capital neuquina. Una de ellas fue la del canillita Rubén Arias de 31 años. Quien, en febrero del 2002, para impedir ser desalojado de una vivienda de plan que había ocupado se roció con nafta cuando ingresaba el grupo de choque de la policía. Según relata el diario Río Negro, Arias declaro que lo hizo por su familia. El diariero murió dos días después en la sala de terapia intensiva del hospital Castro Rendón. Su muerte provocó un estallido social en el Barrio de Confluencia, donde los vecinos exigieron y lograron que las casas que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén había construido allí fueran para la gente del barrio.
La otra muerte es más reciente. Fue en agosto de 2006 cuando Guillermo Raúl Pili de 48 años, se prendiera fuego para evitar ser desalojado de la casa que ocupaba con sus hijos desde hacia 18 años. La explicación del Municipio que impulso la demanda de desalojo, fue que allí estaba pautada la construcción de una calle. Cabe señalar que la “calle” no es más que una cortada de poco más de 200 metros paralela a un arroyuelo.
La experiencia y estos hechos tan trágicos han hecho que los vecinos se organizaran y desarrollaran lazos más fuertes para poder canalizar sus pedidos. En las localidades de San Martín de Los Andes y Aluminé se conformaron las “Comisiones de Sin Techo”. En Neuquén y en otras ciudades se logro la unidad a través de algunas comisiones vecinales que mediante movilizaciones, han logrado sacarle el compromiso a los gobiernos, provincial y municipal, en adjudicación de terrenos y construcción de viviendas. La lucha continúa para el pueblo neuquino que aprendió, una vez más, a hacerse valer y tomar lo que es suyo ante la inoperancia del Estado y de sus gobernantes.
